Seguinos

Gobiernos que violan los derechos humanos: la disputa por los derechos sexuales y reproductivos en países de América Latina

Tinta Verde

Gobiernos que violan los derechos humanos: la disputa por los derechos sexuales y reproductivos en países de América Latina

Gobiernos que violan los derechos humanos: la disputa por los derechos sexuales y reproductivos en países de América Latina

Son cientos los países que registran violencias de forma material, física y sistemática a los derechos sexuales y reproductivos, además, existen grandes obstáculos para acceder a servicios de salud sexual y reproductiva, que abarcan desde el autocuidado y la prevención de infecciones de transmisión sexual, la anticoncepción para prevenir embarazos no deseados, la mortalidad materna, la interrupción voluntaria del embarazo, y la asistencia prenatal y en el parto.

Todos estos elementos corresponden al acceso a los servicios de salud y, por ende, cuentan con los marcos legales internacionales que establecen su cumplimiento obligatorio, lastimosamente en papel cualquier derecho se cumple, en la vida diaria, no.

La disputa constante por los derechos sexuales y reproductivos

En varios países de la región Latinoamérica se observan ciertos “avances” en cuanto a los derechos sexuales y reproductivos; se han creado marcos legales para garantizar el cumplimiento de estos derechos, pero ¿estos marcos legales se llegan a cumplir? Uno de los mayores obstáculos es precisamente ese montón de obligaciones jurídicas asumidas por los Estados, pero no cumplidas, a esto le sumamos que la mayoría de los países no cuenta con datos sobre los indicadores de disponibilidad de servicios y número de personas atendidas en todos los ámbitos.

Esto se puede traducir de forma inmediata a un retroceso en temas de educación sexual integral: sin indicadores no hay forma de sustentar un avance significativo en aplicación de políticas públicas.

Según el Primer informe regional sobre la implementación del Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo, solamente en tres países de la región – Bolivia, Ecuador y Uruguay— hay un reconocimiento explícito de los derechos sexuales en la constitución o en leyes específicas. Entretanto, en la gran mayoría de los países, con excepción de Guatemala, Jamaica y el Paraguay, el derecho a no ser discriminado o discriminada por ninguna causa, incluido el sexo, la orientación sexual, la identidad o la expresión de género y las características sexuales, está reconocido y garantizado en algún marco legal vigente.

Existen aún muchas restricciones de acceso a servicios de salud que se aplican a algunos grupos poblacionales (principalmente los jóvenes) o algunos tipos de anticonceptivos (sobre todo la anticoncepción de emergencia). En Granada, Jamaica, Trinidad y Tobago y Honduras se debe tener una determinada edad mínima para acceder a métodos anticonceptivos, ya sea porque así lo establece la ley o los establecimientos de salud.

También, hay seis países (Bahamas, Barbados, Belice, Costa Rica, México y Panamá) donde los menores de edad deben contar con el consentimiento de los padres para acceder. En cuanto a la píldora de emergencia, hay restricciones de acceso en Costa Rica y Honduras. En el caso especial de Honduras, el acceso a la anticoncepción de emergencia es un desafío que el país necesita resolver urgentemente.

Hablando del caso específico de nuestro país, Honduras se encuentra entre los Estados con cifras más elevadas de violencia contra las mujeres en el mundo: según el Observatorio de Igualdad de Género de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe CEPAL, Honduras es el segundo país latinoamericano con mayor tasa de feminicidios (5,1) por cada 100.000 mujeres solo por debajo de El Salvador (6,8).

Estas tasas se ven aumentadas por las coyunturas violentas y presencia altos niveles de corrupción y extrema pobreza que han azotado el país los últimos años; estas cifras son solo el reflejo de las múltiples violaciones a los derechos sexuales y reproductivos que se ejercen en Honduras y que se pueden entender en acciones como la criminalización al aborto en casos de violación, peligro de vida de la madre, incompatibilidad del feto con la vida extrauterina, entre otras prohibiciones de algunas garantías fundamentales.

Hablando del acceso a aborto en Honduras, resulta enfermizo que este sea negado y hasta criminalizado cuando, según cifras recopiladas por la Organización Mundial de la Salud, Honduras es el tercer país con la tasa más alta de violencia sexual contra las mujeres en el ámbito de la pareja, solo por debajo de Colombia y República Dominicana.

Por cada país de latinoamericana estas violencias atraviesan los cuerpos de los pueblos enteros, y en cada rincón podemos escuchar un grito que lucha por no ser silenciado, un grito de exigencia a los gobiernos de eliminar todos los obstáculos que imposibilitan el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva, son millones personas a las que se les impide ejercer los derechos sexuales y reproductivos o son perseguidas si se atreven a hacerlo.

Estas violaciones corresponden a un poder oculto dentro del mundo de la política, donde numerosos gobiernos, grupos religiosos, líderes políticos, o incluso personas cercanas intentan dictar lo que está bien o mal según su concepción de moral que en la mayoría de los casos se basa en lo que, según ellos, permite o no un dios o una divinidad.

Una Agenda Oculta: Poder, Política y Patriarcado

Las democracias latinoamericanas se han caracterizado por tambalearse y caer continuamente, mucho se dice que Latinoamérica es el patio trasero de Estados Unidos y pues esta frase resume muy bien la práctica continua del país norteamericano para intervenir en centro y sur América, y frenar a los movimientos de liberación que no se alinean a sus principios de “liberación” dando como resultado el que Latinoamérica sea de las zonas con mayor desigualdad producto del desmesurado control de las riquezas y bienes comunes a manos de una pequeña élite extraordinariamente rica que surge o en su defecto, cuentan con el respaldo político y militar de Estados Unidos.

¿Qué tiene que ver esto con los derechos sexuales y reproductivos? Mucho a decir verdad; la situación de estos derechos en América Latina responde a agendas que no corresponden únicamente a un solo país, sino a interés políticos, económicos y culturales del EEUU: todo mundo mira a Estados Unidos donde existe la amenaza de que el Tribunal Supremo derogue el derecho al aborto vigente desde 1973, las diferentes situaciones de este derecho en América Latina muestran un contexto en el que los retrocesos han sido una constate “estira y afloja”, pero, con la posible derogación de este derecho en EEUU, puede ser una sentencia para que se retroceda en otros países latinoamericanos.

Desde la época de la colonización, América Latina ha sido un territorio en disputa por los grandes capitales y los poderes multinacionales; de la misma forma en que lo son los cuerpos de las mujeres y las garantías fundamentales de los habitantes de estos países, convirtiéndose la región en un territorio hostil para el acceso a la salud sexual y reproductiva.

Ejemplo de esto es el derecho al aborto: son millones de mujeres las que viven en territorios hostiles donde las leyes de aborto son violentas, países como El Salvador, Nicaragua, Haití, Republica Dominicana y Honduras son solo algunos en los que el aborto está totalmente prohibido, donde incluso se registran penas muy altas para quienes hayan tenido un aborto espontáneo. Otros países sí despenalizaron el aborto, pero para casos específicos, como cuando corre peligro la vida de la mujer, por violación, o en caso de malformación fetal. 

La despenalización de este derecho en algunos países es gracias al esfuerzo constante de sectores que luchan sin descanso por el cumplimiento de los derechos sexuales y reproductivos, ejemplo de esto es la gran marea verde que surgió en Argentina que tuvo su auge entre 2017 y 2018 con el debate parlamentario y concluyó a fines de 2020 con la aprobación de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo. Esta marea se expandió cientos de países donde cada vez más son las exigencias para garantizar el derecho de las mujeres y las personas gestantes a decidir la interrupción del embarazo sin consecuencias legales.

Pero conformo se van haciendo pequeños avances en estos derechos, son cientos los grupos anti derechos que trabajan para eliminar de raíz estos avances: lo que es un aliento para que se pueda llegar al ideal de los derechos en la región, es a su vez un impulso para los sectores más conservadores y reaccionarios de la región que buscan mantener un sistema machista, patriarcal y capitalista.

Sin tapujos, estos avances destapan el verdadero rostro de las iglesias católicas, evangélicas y pentecostales que buscan interceder en los avances por un mundo más justo, ya han demostrado que están dispuestos a unir todos los esfuerzos y alianzas para poder retroceder a su normativa anti derechos.

Estos sectores violentos son de los principales impedimentos para el avance de los derechos sexuales y reproductivos con su incidencia en los sectores públicos, en las decisiones políticas, en la salud, en la educación, en los gobiernos, en la cultura.

Si comparamos a nivel centroamericano los países que tienen las leyes más restrictivas contra los derechos sexuales y reproductivos son también los países con elevados discursos políticos basados en el fanatismo religioso, ejemplo de ello tenemos tres países: El Salvador, que cuenta con inexistentes políticas en temas de estos derechos, además, en temas de derecho a decidir el aborto es penalizado totalmente, sin excepciones, con penas de hasta 30 años de cárcel para quienes se practiquen un aborto, enfrentándose a cargos de “homicidio agravado”.

El segundo de estos países es Nicaragua, donde a partir de 2007 la educación sexual integral se ha visto desplazada de los temas de interés nacional, además de la prohibición del aborto para todos los casos, sin importar la salud de la persona gestante. Las penas para las mujeres que causen o consientan su aborto van de uno a dos años de cárcel. Y, por último, Honduras, donde la educación sexual integral sigue siendo un tabú, donde existe una prohibición para acceder a métodos anticonceptivos en el caso de la píldora anticonceptiva de emergencia (PAE) donde el mismo Estado prohibió la promoción, uso, venta y compra de la misma y donde el aborto sigue siendo criminalizado.

La región avanza y retrocede en partes iguales, es un constante “estira y afloja” que tiene como único y lamentable resultado las violencias en las vidas e integridades de muchas personas. Las luchas para desmantelar los marcos legales que violentan los derechos sexuales y reproductivos es constante, esto ha hecho evidente una falta de abordaje de género en las legislaciones de los países latinoamericanos a tal grado que aún se sigue posicionando legalmente al hombre como único sujeto político.

No solo se trata de la falta de políticas públicas, se trata de falta de voluntad política, de reforzados marcos institucionales, jerárquicos, administrativos, burocráticos que evitan el goce de estos derechos y el camino hacia la libertad de pueblos enteros.

No hay diferencia alguna en los países que restringen los derechos sexuales y reproductivos: todos ellos demuestran seguir siendo países que violentan e irrespetan la vida. Hay que interpelar más a estos gobiernos, que por todos lados vean las exigencias por el cumplimiento de estos derechos; las evidencias científicas están, las necesidades que nos llevan a exigir estos derechos, también, ¿Cómo entonces siguen manteniendo estas negativas que impiden el disfrute de los derechos humanos? 

América Latina sigue siendo un territorio en disputa por parte de las iglesias, de los grandes empresarios extractivistas, y de las élites políticas a nivel global. Y todo eso atraviesa los cuerpos de naciones enteras, este actuar viola las normas internacionales de derechos humanos, es inconcebible. Los derechos sexuales y reproductivos son derechos humanos que deben ser garantizados por los Estados, los constantes ataques y retrocesos por parte de las fuerzas conservadoras y misóginas que no valoran la vida no deben predominar en una región donde los niveles de pobreza y desigualdad son alarmantes, aun así, hace falta mucho para lograr el ideal de derechos humanos que todas las personas deben tener.

Flor Euceda

Tinta Verde es un proyecto formativo y divulgativo periodístico enfocado en tratar a profundidad la problemática que viven las mujeres de Honduras, y articular herramientas de comunicación para enfrentar la desinformación y manipulación informativa con sesgos machistas y discriminatorios que existe en el país.

Más en Tinta Verde

Hasta arriba