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La MACCIH Investigaba al presidente, su familia, 360 ex diputados y diputados actuales

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La MACCIH Investigaba al presidente, su familia, 360 ex diputados y diputados actuales

El apropiadamente denominado «Caso Pandora», por el célebre recipiente de la mitología griega que encerraba todos los males del mundo, se asomó a una vasta trama de corrupción en Honduras que involucra la malversación de fondos públicos mediante organizaciones sin fines de lucro fantasmas y un fondo reservado controlado por la presidencia,y está vinculada a decenas de organizaciones sin fines de lucro y al menos 176 políticos, según documentos judiciales y fuentes familiarizadas con una amplia investigación realizada por fiscales anticorrupción.


Los documentos oficiales y los registros judiciales que vinculan a los políticos con una red de al menos 53 organizaciones sin fines de lucro que recibieron más de 70 millones de dólares en la última década, gran parte de los cuales se canalizaron, según sugiere la evidencia, hacia políticos y campañas con el fin de influir en elecciones y votaciones importantes.

Los documentos indican que el alcance total de la trama podría implicar a decenas más de organizaciones sin fines de lucro, hasta a 360 diputados y exdiputados y quizás cientos de millones de dólares de fondos de desarrollo en uno de los países más pobres de la región, lo cual contribuye a estimular el éxodo de migrantes hacia Estados Unidos.

Adicionalmente, un par de organizaciones sin fines de lucro vinculadas directamente a la familia del presidente Juan Orlando Hernández se encuentran entre los objetivos investigados por fiscales especiales anticorrupción. La mayoría de los fondos involucrados en las tramas de corrupción recibieron autorización de la oficina de Hernández, según la correspondencia entre los diputados y la presidencia.

El Ministerio Publico hondureño ha tenido pruebas de la corrupción desde hace una década, según documentos oficiales. Sin embargo, sólo se han procesado tres casos contra dos docenas de políticos que revelan apenas la punta del iceberg de la corrupción, lo que ha provocado la indignación pública generalizada a causa de la impunidad.


Los políticos hondureños amenazados por la investigación anticorrupción han intentado obstruir a los investigadores mediante la aprobación de leyes que limitan la competencia de los fiscales y reducen las sentencias para posibles delitos.

Muchos expertos resaltan la corrupción pública como un factor importante que obliga a los hondureños a migrar hacia el norte, pues erosiona los servicios públicos adecuados.

La corrupción política en Honduras no es nueva, pero la más reciente trama de corrupción se institucionalizó luego de que el Congreso Nacional aprobara una ley en 2006 que creó un Fondo de Desarrollo Departamental a disposición de los diputados. Conforme disponía de más fuentes de financiamiento, la trama amplió su alcance, hasta llegar incluso a un fondo reservado controlado por Hernández, con un presupuesto cuyos detalles de gastos de partidas están guardados en secreto.

El Fondo de Desarrollo Departamental se creó con un presupuesto anual de 20 millones de dólares para proyectos de infraestructura en los distritos legislativos. Se suponía que funcionaría como los proyectos tradicionales de clientelismo político en Estados Unidos, diseñados para mantener contentos a los electores de legisladores influyentes mediante el financiamiento de proyectos en sus comunidades, dijo Azcona, quien ahora es profundamente crítico con la forma en que se corrompió el programa.

Pero en uno de los países más corruptos de la región, la debilidad de las instituciones y la falta de supervisión produjeron resultados diferentes. En el mejor de los casos, fue un mecanismo para comprar votos de electores. En el peor de los casos, fue una trama para enriquecerse rápidamente, un fondo reservado para campañas políticas o una herramienta para comprar votos para el congreso de 128 escaños.

Poco después, el congreso –en aquel momento encabezado por Hernández–, modificó las reglas del fondo, dándoles a los diputados más discreción con respecto a los proyectos que eligieran financiar.

Como resultado, el dinero pasó de apoyar proyectos de infraestructura a iniciativas locales más pequeñas, como fumigaciones, talleres, útiles escolares y paquetes de alimentos, proyectos que no dejan huellas una vez que se ejecutan o se consumen y, por lo tanto, son más difíciles de verificar. Comenzaron a aparecer de la nada las organizaciones sin fines de lucro que recibían inmediatamente fondos del gobierno. Las organizaciones sin fines de lucro fueron establecidas por quienes los investigadores han denominado «acopiadores», que acumularon vastas redes de ellas, según documentos y personas familiarizadas con sus operaciones.

Como pago por sus servicios, los acopiadores recibían un porcentaje de los fondos, según las tres acusaciones de la MACCIH contra los políticos.

Una de las redes consta de 24 organizaciones sin fines de lucro que recibieron al menos 23 millones de dólares en fondos públicos y están vinculadas a un trío de acopiadores.

En medio se encuentra un hombre llamado Geovanny Castellanos, quien ha sido acusado por su papel en la malversación de fondos mediante dos de esas organizaciones. Pero el alcance de su red era mucho mayor, según documentos judiciales y declaraciones de testigos. Castellanos y sus coconspiradores adquirían organizaciones sin fines de lucro ociosas, fundaban otras nuevas o colaboraban con activistas políticos para gestionar otras, según muestran los documentos.

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