Durante las dos semanas que antecedieron a las elecciones generales y el día de los comicios en Honduras se registraron al menos 30 agresiones a la prensa, como bloqueos informativos, censura y violencia.
El reporte de estos hechos fue presentado por el Comité por la Libre Expresión (C-Libre), con el apoyo de 50 miembros de la Red de Alertas de Protección a Periodistas y Comunicadores Sociales (RAPCOS).
“El Bloqueo informativo es la agresión más repetida en contra de los trabajadores/as de la información que realizaban cobertura informativa al proceso electoral. Se destacan entre estas la prohibición de ingresar al país a periodistas internacionales, corresponsales de diferentes agencias de noticias, y la negatoria del acceso a espacios informativos”, afirmó Miriam Elvir, portavoz de C-Libre.
De igual forma, explicó, se registró el día de las elecciones “una caída en el sistema de consulta del centro de votación del Consejo Nacional Electoral (CNE), escenario que limitó el derecho a la información… Posteriormente el CNE informó que se trató de un hackeo de su servidor”, hecho investigado como delito grave.
Agresiones físicas y amenazas
El informe destaca las violencias ocurridas en agresiones físicas y amenazas por parte de militares y representantes del Partido Nacional y el Partido Liberal de Honduras, incluida la agresión verbal contra un defensor de Derechos Humanos en un centro de votación en la ciudad capital.
Los casos fueron recopilados con las denuncias de la red de periodistas RAPCOS, representados en los 18 departamentos de Honduras.
El departamento de Francisco Morazán fue el lugar donde se reportaron más agresiones, con un total de 18, seguido por Islas de la Bahía, con cuatro.
En el resto del país se monitorearon: Comayagua (1), La Paz (1), Olancho (1), Atlántida (1), Valle (1), Choluteca (1), Cortés (1) y Yoro (1), casos registrados en el sistema de alertas de C-Libre.
Por lo tanto, C-Libre recomendó garantizar la transparencia y el acceso libre a la prensa en procesos electorales, estableciendo límites al abuso de la publicidad oficial y prohibir el uso de la cadena de radiodifusión nacional durante la campaña.
Así mismo destacaron que se debe promover información para la cobertura y observación internacional, y aumentar el proceso de formación a las personas participantes de las Juntas Receptoras de Votos.
Continuaron exigiendo al Consejo Nacional Electoral y el Ministerio Público continuar con las investigaciones sobre el hackeo a la página del censo, y hacer públicos los hallazgos y a las autoridades militares y policiales que custodian el material electoral que deben garantizar la seguridad en los procesos electorales deben ser capacitados sobre el rol del periodismo.
C-Libre concluyó explicando que las acciones violentas cometidas contra periodistas en las ciudades de Roatán, Tegucigalpa, Islas de la Bahía y Choluteca por parte de activistas del Partido Nacional y el Partido Liberal deben ser resarcidas y ambos partidos deben ofrecer disculpas públicas por lo ocurrido para evitar que las acciones se sigan cometiendo.
Y que el Ministerio Público debe investigar las posibles comisiones de delitos en el caso de periodistas agredidos y de defensores amenazados en el marco del proceso electoral.
Por: Gissel Grandez
