Es grave y crítico el desastre medioambiental en Honduras. La represa Los Laureles que abastece de agua a Tegucigalpa es la síntesis.
No es casual que dicho caos se exacerbe en los últimos diez años, justo bajo el régimen neoliberal del Partido Nacional.
El Estado, cuyo rol debe ser impulsar políticas para la protección del Medio Ambiente en perspectiva del bien común, ha otorgado licencias a granel que han mercantilizado las montañas y los ríos, y legalizado la destrucción de nuestra naturaleza. Los resultados están a la vista, comenzamos a sufrirlos.
Es imperativo romper esa lógica criminal que nos expone a todos y a las futuras generaciones. El Estado no puede estar en manos de criminales para quien la vida de toda la población es un bien cualquiera frente al repugnante lucro de unos pocos.
Es urgente detener la barbarie cachureca o el país va terminar en una guerra de todos contra todos por un balde de agua.