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Violencia y olvido es la situación de las mujeres privadas de libertad en pandemia

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Violencia y olvido es la situación de las mujeres privadas de libertad en pandemia

Violencia y olvido es la situación de las mujeres privadas de libertad en pandemia

La crisis sanitaria del Covid-19 no solo ha hecho visible las falencias del sistema de salud, también ha develado la precariedad y violencia de las que son víctimas las mujeres privadas de libertad.

Honduras cuenta con 25 centros penales que se encuentran con fallas en su infraestructura y en condiciones de hacinamiento. Para el caso de la Penitenciaria Nacional Femenina de Adaptación Social (PNFAS), la principal cárcel de mujeres que alberga a 280, siendo su capacidad máxima es de 150.

Para la defensora de los derechos humanos de niñas y mujeres, comunidad de la diversidad sexual como la LGTBIQ y privadas de libertad, la representante del Grupo Ixchel, Lucía Barrientos, explicó que la mayoría de las mujeres no cuentan ni con un colchón para descansar y las celdas son tan reducidas que no logran tener privacidad.

 “Ninguna de las cárceles está adecuada para que puedan descansar dignamente, las autoridades mencionan que hacen lo que pueden, no les interesa cuando están afuera y mucho peor adentro porque cuando una mujer está privada de libertad, todavía tiene un grado más de estigmatización y de señalización por ser mujer”, señaló Barrientos.

Sumado a esto, las privadas de libertad se enfrentan múltiples violencias que son ejercidas y promovidas desde sus custodias y que se han intensificado durante la pandemia.

Marcela: una víctima de las custodias

Son cientos de historias que se esconden entre las paredes que habitan las presidarias, una de ellas es la de quien nombraremos Marcela por su seguridad.

Marcela está a punto de finalizar su condena. Privada de libertad por defensa propia. Era víctima de violencia psicológica y física de su pareja. Como muchas mujeres que buscan subsistir en el país, ella se dedicaba a la venta de tortillas.

Cansada de los maltratos continuos por su pareja, un día se defendió y le clavó un cuchillo en la pierna y desde ahí comenzó su detención y encarcelamiento. Para Marcela los abusos prosiguieron la cárcel a manos de su custodia quien la vendió por cuatro meses a la cárcel de recinto de varones.

En esos cuatro meses que fue víctima de violencia sexual quedó embarazada. Un embarazo no deseado por Marcela en pandemia. Un día los dolores comenzaron a recorrer su cuerpo y fue trasladada de emergencia al hospital donde le aplicaron medicamento y le practicaron un aborto.

El dolor que le sembraron a Marcela le hace pensar que si un día le tocara regresar a la cárcel no dudaría en ir y vengarse de quienes por cuatro meses la explotaron. Pese a que Marcela interpuso la denuncia contra la custodia no prosiguió una investigación a profundidad y solo fue destituida de su cargo. 

El apoyo de las organizaciones

El trabajo que desempeñan las organizaciones defensoras de derechos humanos no solo se limita a un monitoreo de la situación de las mujeres privadas de libertad también a un acompañamiento más cercano y humano. Un ejemplo de ello es el que realiza Lucía Barrientos.

La primera vez que la defensora visitó una cárcel fue a través de la Asociación Kukulcán, organización en la que labora con prevención de VIH y ETS. Barrientos rememora que en esa primera visita salió enferma.

 “Cuando yo entré, miré aquellas mujeres en la consejería escondiendo sus problemas, no tanto de salud física sino emocionales. Yo quería salir de ahí y quería regresar con una repuesta de sus casos porque hay mujeres que tienen ya cumplida su condena y ni siquiera le han podido arreglar sus expedientes, no saben nada de sus familias”, comentó.

Para Lucía el trabajo que desarrolla está cargado de una mezcla de felicidad y de desgaste emocional porque las historias de las presas son fuertes y muchas de ellas son víctimas de un sistema que les niega la posibilidad de vivir con dignidad.

“Es duro, pero cuando ellas miran que uno llega con una esperanza, con una luz con una palabra o solo por lo menos para escucharlas su vida da un giro, pero es muy duro. Yo sé que yo salgo de ahí, pero ellas quedan ahí y hay momentos en que uno dicen yo las quiero sacar. Sé que hay mujeres que han sido víctimas como otras que reconocen y que son consiente, pero en su mayoría estas mujeres son víctimas de la pobreza de un sistema, victimas del abuso social, abuso económico patriarcal”, puntualizó Barrientos

Durante la pandemia Lucía cuenta que las mujeres no tienen acceso a mascarillas y que ha sido un proceso largo y difícil en algunas de las cárceles poder garantizar equipo de bioseguridad. A finales del mes de abril, Barrientos y otras compañeras visitaron la prisión en compañía de una abogada penalista para conocer el escenario en el que estaban atravesando las privadas de libertad.

Mediante la visita se dieron cuenta que las mujeres no tienen donde cocinar, menos lavar los trastes y se enfrentan a otras situaciones, a tal punto que no logran conciliar el sueño y pasan enfermas y su comportamiento se vuelve agresivo.

“La custodia nos decía mire que ella es violenta y claro cómo no si no tienen buen sueño y una buena alimentación, no tienen privacidad ni para bostezar, no hay un sueño digno”, señaló.

Barrientos junto a sus compañeras de la organizacón Ixchel buscan la manera de brindar talleres de inserción social, de métodos anticonceptivos, ya que las mujeres también tienen contacto con sus hijas y algunas ya están por salir.  “Les facilitamos la información donde pueden acudir, que no piense que porque fueron privada de libertad no tienen derechos”, enfatiza.

Un Estado ausente

La Organización Mundial de la Salud (OMS) hizo un llamado a los Estados para atender el incremento de vulnerabilidad de la población carcelaria durante la pandemia y que tomen medidas de salud pública.

Dentro del llamado, establece buscar soluciones al hacinamiento que existe en las cárceles y garantizar el acceso gratuito a la salud.

Para concluir, Barrientos explica que en el caso de la  Penitenciaria Nacional Femenina de Adaptación Social (PNFAS), se comenzó a vacunar a las privadas de libertad desde agosto pero no como una iniciativa estatal sino más bien como una medida de presión por los altos índices de contagio que se presentan en las cárceles.

Pese a estas presiones  y las denuncias de las mujeres privadas de libertad, se desconoce una planificación para inocular al resto de la población carcelaria, por lo que sus vidas se ven aún más expuestas al olvido y al encierro en condiciones precarias.

Redacción: Nancy García e Iveth Ortiz

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Tinta Verde es un proyecto formativo y divulgativo periodístico enfocado en tratar a profundidad la problemática que viven las mujeres de Honduras, y articular herramientas de comunicación para enfrentar la desinformación y manipulación informativa con sesgos machistas y discriminatorios que existe en el país.

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