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Exviceministro de Pepe Lobo a juicio por caso Berta Cáceres

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Exviceministro de Pepe Lobo a juicio por caso Berta Cáceres

El Juzgado de Letras Penal de Tegucigalpa acusó a la defensa del exviceministro de dilatar injustificadamente el proceso en el caso de Cáceres, asesinada en 2016 por oponerse a un proyecto hidroeléctrico.

El Ministerio Público de Honduras informó este martes que el Juzgado de Letras Penal de Tegucigalpa ordenó abrir un juicio oral contra el exviceministro de Recursos Naturales y Ambiente, Darío Cardon, por el caso de Berta Cáceres, ambientalista indígena asesinada el 3 de marzo de 2016.

El inicio del juicio fue aprobado luego de que el Ministerio Público cuestionara “los múltiples retrasos improcedentes” en el proceso judicial por parte de la defensa de Cardon, la cual ha dejado de “hacer uso del derecho que le asiste a su representado de contestar cargos, tratando con ello de dilatar injustificadamente el proceso, lo que constituye un acto de deslealtad con la Justicia”. Desde agosto de 2017 la audiencia preliminar se reprogramó cinco veces.

“Existen condiciones para culminar la etapa intermedia y continuar con la de debate”, indicó el Juzgado de Letras Penal de Tegucigalpa y ordenó remitir el expediente de Cardon al Tribunal de Sentencia en máximo 48 horas, así como poner a disposición al exviceministro, quien está recluido en la Penitenciaría Nacional.

El exviceministro de Recursos Naturales y Ambiente, Darío Cardon, es acusado de abuso de autoridad asociada a la ampliación de una licencia ambiental para el proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, iniciado hace cuatro años por la empresa hondureña Desarrollos Energéticos Sociedad Anónima (DESA), con financiación de bancos extranjeros.

Cardon autorizó la ampliación de la licencia ambiental sin consultar a las comunidades de la etnia lenca.

Berta Cáceres se oponía al proyecto hidroeléctrico Agua Zarca porque afectaba a las comunidades indígenas lencas. El  asesinato de la ambientalista, que ocurrió el 3 de marzo de 2016, fue ordenado por ejecutivos de DESA en alianza con fuerzas de seguridad del Estado, reveló un informe del Grupo Internacional de Personas Expertas (GAIPE).

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