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Congreso de EEUU aprueba más vigilancia a corruptos centroamericanos

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Congreso de EEUU aprueba más vigilancia a corruptos centroamericanos

La cámara de representantes de Estados Unidos aprobó enmiendas de ley encaminadas a endurecer las medidas contra funcionarios centroamericanos corruptos. Esta legislación es el último de una serie de mensajes políticos a funcionarios investigados por corrupción y enriquecimiento ilícito en el llamado Triángulo Norte de Centroamérica.

Las enmiendas, aprobadas por unanimidad, están incluidas en la Ley de Autorización de Defensa Nacional anual (NDAA, en inglés), obligan al Secretario de Defensa a que nombre, en una lista especial, a funcionarios de gobiernos centroamericanos involucrados en “gran corrupción” o acusados de haber recibido financiamiento electoral de narcotraficantes u otros grupos criminales.

Norma Torres, congresista demócrata de origen guatemalteco autora de la propuesta legislativa, había adelantado en una entrevista exclusiva con InSight Crime, realizada a finales de abril de 2018, que consideró necesario impulsar el paquete de reformas porque “hay personas que están obstaculizando la agenda anticorrupción”.

Dice Torres:  “Veamos quiénes son esas personas (corruptas); veamos por qué lo están haciendo; veamos si están relacionados con narcotráfico o con el tráfico de personas… Estoy tratando de impedir (que se reduzca la ayuda); diciendo que no castiguemos a todos esos países porque hay gente que está trabajando por mejorar las condiciones”.

De acuerdo con la congresista en Washington hay cada vez más voces, republicanas y demócratas, que se pronuncian por que se reduzca o elimine la ayuda a países como Guatemala, El Salvador y Honduras porque no ven “una intención real (de combatir la corrupción), ni el progreso que esperaban”.

Lo aprobado exige al Pentágono y al Director Nacional de Inteligencia que entregue a los comités de exteriores del Senado y la cámara baja la lista de funcionarios corruptos o que tengan nexos con el crimen organizado a más tardar 180 días después de la aprobación del decreto; es decir, antes de que termine 2018.

La lista debe incluir “los nombres de los funcionarios de gobierno en Honduras, Guatemala y El Salvador de quienes se sepa han cometido o facilitado grandes actos de corrupción o el tráfico de narcóticos… que se sepa hayan recibido fondos de campaña (electoral) provenientes del narcotráfico y otros ilícitos en los últimos dos años”, dijo la congresista.

No está claro a qué tipo de sanciones serán sujetos los funcionarios nombrados en esa lista. Torres asegura que decidir eso es “potestad de todo el Congreso, pero como mínimo deberíamos de saber quienes son (los corruptos)”, apunta.

Políticamente incorrectos Libertad Digital nace para denunciar los abusos, la corrupción y atropellos de los gobiernos de turno en Honduras y América Latina.

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