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EL ARTICULO 184 DEL CÓDIGO PROCESAL PENAL Y LOS DERECHOS HUMANOS

Editoriales

EL ARTICULO 184 DEL CÓDIGO PROCESAL PENAL Y LOS DERECHOS HUMANOS

–El Código Procesal Penal fue creado con una visión garantista, dándole primacía a la norma constitucional, de ahí nace que la tan controvertida reforma al Art.184 de ese cuerpo Legal que dio creación al catálogo de delitos a los cuales no se les aplica medidas distintas a la prisión preventiva, se le atribuye ser contrario a la Constitución de la República.

Se sostiene esencialmente que: “Se violenta el derecho a la presunción de la inocencia, la igualdad ante la ley y la rendición de caución o fianza para defenderse en libertad”. Especialmente por considerar que hasta tanto o en cuanto no exista una sentencia firme ejecutoriada, al ciudadano se le presume inocente o que existe un trato no igualitario ante la ley para los que comenten los delitos vinculados a ese catálogo con relación a los demás ciudadanos que puedan verse imputados y que aun pudiendo rendir caución o fianza, no puedan defenderse en libertad, todos estos principios se encuentran en los artículos 60, 89 y 93 de la Constitución de la República.

Sostengo el criterio de que este catálogo del 184 del CPP, puede ser de apariencia contrario a la norma constitucional, pero esa contrariedad debe ser probada en cada caso concreto, ya que existe una valoración jurídica que se contrapone y es la que faculta al juez de lo penal: Que estando el catálogo o no, en los artículos 172, 173 y 174 del Código Procesal Penal, el juez de lo penal tiene la discrecionalidad de aplicar la prisión preventiva, máxime cuando son delitos como los señalados en la lista del 184 del CPP.

Imaginemos el caso hipotético que el catálogo desaparece y que los involucrados en esos actos delictivos cometen algunos o muchos de los delitos señalados allí, el Juez podrá aplicar las medidas sustitutivas, pero también tiene la potestad discrecional de imponer la prisión preventiva como lo señalan los artículos 172 , 173 y 174 del CPP.

Preguntemos.

¿Puede ser considerada esta acción discrecional del juez de lo penal, violadora de los derechos humanos, cuando aplica la prisión preventiva?

No creo.

Porque el Juez en su independencia judicial, valora el caso concreto para poder determinar si a ese ciudadano se le aplica la prisión preventiva, si el juez se reviste de autoridad y de honestidad, no aplicará medidas porque con solo con el análisis del tipo de delitos comprendidos en el artículo 184 del CPP, sabe que puede generar un descontrol social dejando en libertad a ese tipo de imputados.

Lo de que se debe garantizar para que el juez actué correctamente es la investigación objetiva del Ministerio Fiscal y no el atrevimiento temerario del este ente, en acusar ino-bjetivamente.

Es importante hacer un poco de historia referente la reforma del 184 del CPP y es que esta se dio, por la extrema vulgarización en la aplicación de medidas sustitutivas por parte de los jueces de lo penal, los jueces confundieron la visión garantista, con la discrecionalidad otorgada a ellos y los conllevó a la aplicación de medidas a una serie de delitos tan complejos y de impacto nacional , que dio como consecuencia que los beneficiados de estas medidas, se reorganizan delictivamente o obstruyen la justicia y escapaban de ella.

Asimismo esta coyuntura fue aprovechada por la clase política, para después condicionar al juzgador de lo penal, incluyéndole el delito de prevaricato en el catálogo del art. 184 del CPP, para tenerlo amenazado, por aquello de las resoluciones que emitieran, esto fue un acto perverso porque la clase política previno como siempre, dominar el aparato judicial y pretendiendo intimidar al juez para obtener resoluciones beneficiosas a ellos.

El artículo 184 del CPP y quedó redactado de esta manera: “Sin perjuicio de que el órgano judicial en las etapas respectivas determine como criminalidad organizada las acciones delictivas, por la forma y modalidad como se ejecutaron las mismas, no procede la imposición de medidas sustitutivas de la prisión preventiva en los delitos siguientes: 1) Homicidio: excepto en los casos en donde después de valorada la prueba evacuada en la audiencia inicial, se determine que el imputado actuó en una causa de justificación, establecidas en el artículo 24 del Código Penal; 2) Asesinato; 3) Parricidio; 4) Violación; 5) Trata de Personas; 6) Pornografía Infantil; 7) Secuestro; 8) Falsificación de Moneda y Billetes de Banco; 9) Robo de vehículos automotores terrestres, naves aéreas, buques y otros bienes similares y, el robo de ganado mayor; 10)Magnicidio de Jefe de Estado o de Gobierno Nacional o Extranjero; 11)Genocidio; 12)Asociación Ilícita; 13)Extorsión; 14)Delitos relacionados con Armas de Guerra; 15)Terrorismo; 16)Contrabando, en los casos de los artículos 392-A y 392-B, en los numerales 1), 2), 5), 11), 13), 14), 15), 16), 17), 18), 19) y 21) del Código Penal; 17)Defraudación Fiscal en los casos tipificados en el artículo 392-D, en los numerales 1), 2), 9), 10), 11), 12), 14), 15) y 19) del Código Penal. 18) Delitos relacionados con el tráfico Ilícito de Drogas y Estupefacientes; 19) Lavado de Activos; 20)Prevaricato; y, 21) Femicidio.”

Cuando se atribuye que los derechos humanos son violentados por no aplicar las medidas sustitutivas a este catálogo, me causa asombro el argumento, porque el juez de lo penal siempre tendrá la discrecionalidad de aplicar la prisión preventiva si hace una valoración correcta de esos delitos.

Lo que el legislador índico con su reforma, es que la lista de delitos del articulo 184 ante la vulgarización de aplicación de medidas alternas a la prisión preventiva, debía pararse ya que esos tipos delictivos por el poder que representan quienes los cometen, pueden desestabilizar la sociedad y el estado hasta convertirla en un lugar no habitable. (Esta experiencia ya la estamos viviendo)

Nos parece aún más delicado, que el “Informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su reciente visita “IN LOCO” sea utilizado como fundamento para sustentar la reforma pretendida, cuando lo que verdaderamente se busca es beneficiar al sector pudiente de la clase corrupta, con medidas sustitutivas, porque controlan el Poder Judicial.

Si la reforma se da, tendremos como consecuencia una reorganización de la acción delictiva, obstrucción de la Justicia y pondrá a Jueces y Fiscales como sujetos vulnerables o de corrupción o de privarles la vida, si piden o aplican prisión preventiva para imputados en estos delitos de alto impacto.

Los que hoy pretenden la reforma hablan de derechos humanos a su conveniencia, no les importa la independencia del Poder Judicial, la investigación objetiva del Ministerio Fiscal, que hospitales y escuelas estén en un franco deterioro de los Derechos Económicos y Sociales de los ciudadanos, el debido proceso, la igualdad ante la ley, ni los presos políticos por protestar contra un gobierno usurpador.

Tampoco reparan que se hagan juicios contra funcionarios víctimas del Golpe de Estado del año 2009, donde se suplanto todo procedimiento lícito violentando el artículo 200 del CPP. que dice. “Pruebas prohibidas o ilícitas. Carecerán de eficacia probatoria los actos o hechos que vulneren las garantías procesales establecidas en la Constitución de la República y en los convenios internacionales relativos a derechos humanos de los que Honduras forme parte; así como cuantos sean consecuencia necesaria de tales actos o hechos y que no hubiera sido posible su obtención sin la información derivada de ellos, sin perjuicio de la responsabilidad en que haya podido incurrir quien obtuvo ilícitamente la información.”

Simplemente les interesa su beneficio corrupto.

Carlos Augusto Hernández Alvarado
Abogado y Notario
NO HERMANO DE JOH
¡NO MAS CRIMENES CONTRA ABOGADOS!

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