Seguinos

Alto Comisionado ONU para DD.HH. en Honduras no acepta reformas penales

Honduras

Alto Comisionado ONU para DD.HH. en Honduras no acepta reformas penales

Observaciones de la Oficina en Honduras del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la propuesta de reformas legislativas para el fortalecimiento y efectividad de la Política de Seguridad de Honduras.
Reforma al artículo 355. Delito de Terrorismo. 
El Artículo 355 del CP vigente Hondureño establece el delito de terrorismo como “quienes con fines políticos atentan contra la seguridad del Estado ejecutando cualquiera de los siguientes hechos.” La siguiente propuesta realizada por el Ejecutivo, la cual busca reformar por adición dicho artículo agregando el artículo 335-A, eliminar dicha finalidad político subversiva y establece que: Se aplicarán las penas contempladas en el artículo precedente a quien en forma personal o como integrante de organizaciones criminales de cualquier tipo, busque arrogarse el ejercicio de las potestades pertenecientes al ámbito de la soberanía del Estado, tales como el control territorial, así como el monopolio del ejercicio legítimo de la fuerza por parte de las diferentes instituciones de la justicia penal, atemorizando, poniendo en grave riego o afectando sistemáticamente e indiscriminadamente los derechos fundamentales de la población o parte de ella, la seguridad interna del Estado o la estabilidad económica del país.
En cuanto a la definición, pese a que no existe un consenso internacional sobre la definición de terrorismo, el sistema de las Naciones Unidas ha destacado reiteradamente la necesidad de que los Estados limiten la aplicación de las medidas antiterroristas al ámbito de los actos de auténtico carácter terrorista, tal y como también ha señalado la Doctrina, prácticas en el Derecho comparado y el Relator Especial de Naciones Unidas sobre la promoción y protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo en 2010, el cual enfatizó que “una definición de terrorismo que vaya más allá de los elementos que se plantean a continuación sería problemática desde la perspectiva de los derechos humanos”
El elemento diferenciador del alcance de la aplicación del tipo penal de terrorismo frente a la delincuencia común o crimen organizado, reside en la motivación de los actores en alcanzar ciertos fines tales como promover una causa política, religiosa, ideológica y la subversión o ruptura del orden constitucional establecido a través de la comisión de ciertos ilícitos graves. 
Asimismo particularmente cabe destacar que el orden público, entendido como seguridad interior del Estado, no puede constituir per se el bien jurídico protegido en el delito de terrorismo. La grave alteración de la paz y el orden público no se configuran como fines, sino como medios en el delito de terrorismo para la subversión de un orden político-jurídico determinado. La confusión, no obstante, entre medios y fines, hace que esta propuesta de redacción no sea acertada conforme a los estándares internacionales por desnaturalizar el concepto de terrorismo , siendo particularmente esta redacción más cercana a al delito de desórdenes públicos, cuyo bien jurídico protegido son la seguridad colectiva y la paz pública en su sentido restringido. Desde el punto de vista técnico, dicha propuesta levanta ciertas dudas al no contener claridad sobre las conductas típicas que castiga el artículo, ni otros elementos que han de configurar el tipo conforme al Principio rector de legalidad, el cual establece el rasgo esencial de la ley cierta, precisa y predecible.
Reforma del artículo 25 del CP relativo a la ampliación de las causas de inculpabilidad para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. 
Preocupa que la actual reforma impulse un régimen de impunidad e inmunidad de facto entre los funcionarios que recurran o hayan recurrido al uso arbitrario, excesivo, no proporcional, y por ende ilícito, de la fuerza o de armas de fuego.  La obligación del Estado de proveer un marco legal que garantice la responsabilidad penal para crímenes tales como ejecuciones extrajudiciales, arbitrarias o sumarias, tortura y desaparición forzada está consagrada en instrumentos legales internacionales. Por consiguiente, de aprobarse esta propuesta de reforma, el Estado incumpliría obligaciones contraídas por Tratados, compromisos internacionales y estándares internacionales en la materia de derechos humanos relativos a la obligación de enjuiciar y castigar a los responsables de derechos humanos derivadas del uso ilegítimo de la fuerza así como otras disposiciones relativas al derecho de las víctimas al acceso a la justicia, la reparación y la adopción de medidas de prevención para la comisión de nuevos abusos por parte de funcionarios que se hayan extralimitado en el marco de sus funciones.
En conclusión, los tratados internacionales de Derechos Humanos así como otros instrumentos internacionales contemplan un amplio número de obligaciones internacionales enfocadas en asegurar la responsabilidad penal por violaciones a derechos humanos. Contemplar por decreto 4 la excepción de esas obligaciones para policías, militares y fuerzas de seguridad resulta incompatible con el sistema internacional de los Derechos Humanos. Es por ello, que se insta a las autoridades a desestimar dicha reforma penal y que actúen de manera proactiva en el desarrollo y fortalecimiento de mecanismos específicos para la debida judicialización, rendición de cuentas y castigo adecuado de responsables de conductas ilícitas vinculadas al uso excesivo de la Fuerza. 
Reforma al Artículo 332. Asociación Ilícita.

La reforma propone equiparar determinadas acciones de grupos de criminalidad organizada al delito de terrorismo. En este sentido, la Oficina reitera lo expresado en el apartado anterior, en el sentido de que el Sistema de Naciones Unidas ha instado a los Estados limitar la consideración de actos terroristas a los que únicamente guarden dicha naturaleza. Al igual que en el artículo anterior, la propuesta, no recoger los elementos básicos señalados por los estándares internacionales anteriormente mencionados en el análisis correspondiente al delito de terrorismo (artículo 335-A). Como se ha mencionado, el elemento diferenciador del alcance de la aplicación del tipo penal de terrorismo frente a la delincuencia común o crimen organizado, reside en la motivación de los actores en alcanzar ciertos fines tales como promover una causa política, religiosa, ideológica y la subversión o ruptura del orden constitucional establecido a través de la comisión de ciertos ilícitos graves.
Como conclusión, si bien es cierto que los actos de violencia cometidos por una banda armada criminal pueden llegar a causar estragos y desestabilizar la convivencia común o la paz de una comunidad, no toda banda armada tiene objetivos y fines mencionados, y dichos actos, si bien pueden consistir en actos de terror no contienen la connotación de terrorismo. Los fenómenos de crimen organizado, bandas armadas y crimen trasnacional requieren de una respuesta penal diferenciada y, en última instancia, no resultan equiparables a la luz del Derecho Internacional con el terrorismo. La propuesta muestra rasgos de un tipo penal indeterminado, que genera incertidumbre sobre la conducta típica contraviniendo el principio de legalidad. Es por ello que se recomienda la no inclusión de este nuevo adicional en el artículo 355 del CP

Isabel Valdez

Comentarios

Más en Honduras

To Top