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Reelección: legalidad emergente ¿Mel Zelaya a la presidencia en 2022?

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Reelección: legalidad emergente ¿Mel Zelaya a la presidencia en 2022?

Ha retornado el histórico debate electoral en la política hondureña: la legalidad de la reelección. El peor error que puede cometerse al debatir sobre la legalidad de la reelección es reducirlo a asuntos “leguleyos” o tratar la problemática como un elemento secundario en la política.

Estos análisis son característicos cuando no se comprende la dimensión del derecho dentro de la política y el lenguaje, y viceversa.

En 2016 mediante fallo de la Corte Suprema de Justicia se declara la legalidad de la reelección. Por primera vez, desde 1981, un órgano para el ejercicio del poder estatal resuelve habilitar la reelección.

En un sentido formal este fallo de la Corte Suprema de Justicia legaliza una acción prohibida expresamente por la Constitución de la República.

Cabe mencionar que fue una sentencia mal hecha, con escasa y equivocada fundamentación jurídica y contraria a la Constitución, pero legal. Los emporios mediáticos, el COHEP, la embajada estadounidense -sin embajador-, las Fuerzas Armadas, y toda la maquinaria estatal defendieron la legalidad de la reelección y la candidatura de JOH. La Alianza de Oposición contra la Dictadura – Coordinada por el expresidente José Manuel Zelaya Rosales- venció electoralmente en 2017 ese complot del mal utilizando un mensaje claro y sencillo: la reelección es ilegal.

Empleando una precisa pedagogía popular el Coordinador de Alianza y su candidato, Salvador Nasralla, recorrieron el país centrando su campaña en contra de la legalidad de la reelección.

LIBRE, partido organizador de la alianza, sentó que su postura en contra de una sentencia ilegal o una reglamentación de ésta se fundamentaba en que los artículos pétreos de la Constitución solo pueden ser modificados a través de una Asamblea Nacional Constituyente; o en su defecto, de un plebiscito en que se le consulte a la nación hondureña si está de acuerdo o no con la reelección.

La posición de LIBRE frente a la reelección fue en contra debido a razones procedimentales. Empero, sus esfuerzos por formar una voluntad general contra la dictadura lo llevaron a simplificar su postura en un llano: No a la reelección ilegal.

Ahora que el Coordinador General de Libre expresa la posibilidad de consultar al pueblo y a la bancada sobre la reglamentación o viabilidad de la reelección resurge el debate sobre la ilegalidad o legalidad. Porque, claro está, para la opinión pública que el expresidente Zelaya comunique eso significa que planea postularse como candidato presidencial.

Lo que no es descabellado, en el campo democrático Mel representa el liderazgo más sólido y arraigado en el pueblo hondureño. A Nasralla se le puede considerar la figura mediática con mayor popularidad, pero sin liderazgo.

Resalta la siguiente pregunta, ¿Sí el expresidente Zelaya se postula como candidato presidencial estaría actuando ilegalmente?

En efecto, él se enfrentaría a un problema de legalidad. Pero no de la legalidad del Estado neoliberal, porque como ya señalé, la reelección fue aprobada mediante sentencia de la CSJ y el actual presidente fraudulento se valió de ello para reelegirse.

Es decir, la legalización estatal de la reelección permitió que JOH continuara usurpando el poder y que un liderazgo con la fortaleza de Manuel Zelaya Rosales participe en la contienda electoral.

El conflicto es con la legalidad emergente del seno de la fuerza política que el mismo partido fundó. Superar ese conflicto es una batalla de la que no puede salirse ileso, pero sí con heridas leves y no casi moribundo. El FNRP se forjó denunciando la ilegalidad de la institucionalidad nacionalista y sus funcionarios.

Cuando el FNRP decidió formar el partido LIBRE lo hizo en contradicción de su idea de legalidad. El apoyo multitudinario que agasajó la formación del partido fue porque la convicción de triunfar ante el golpismo era superior a mantener rígidamente una idea de legalidad que imposibilitaba derrotarlos.

Se aprovechó la ranura entre el sistema político para irrumpir como fuerza mayoritaria. En ese momento era participar en elecciones o perecer como movimiento político. Existía un estado de necesidad que superaba la argumentación de la contradicción con la legalidad. Esa sumatoria de excepcionalidades contribuyó la creación del partido LIBRE.

Hoy que se pretende consultar al pueblo su principal adversario será la idea de legalidad que el Partido LIBRE fundó. Con los votos únicamente de la militancia Melista no se ganan elecciones.

El triunfo electoral de 2013 y 2017 fue posible por la astucia y fuerza del Melismo y militantes sociales para expandir la idea de legalidad que defiende el partido y su programa de cambio social.

De cara a que el expresidente Zelaya se reelija no puede obviarse esto porque para quien no es militante de LIBRE importará más -con la manipulación de los medios de comunicación- la legalidad de la reelección que la confianza en Mel y LIBRE. La futura alianza entre Partido Liberal y Nasralla serían los beneficiados, incluso si participan por separados.

La línea de consulta popular que ha trazado es la acertada. No obstante, no debe confundirse consultar a la base del partido con una consulta popular. Por definición, la consulta popular se caracteriza por la deliberación e incorporación del disenso de todos los sectores sociales que pretenden una ruptura con el orden político de la corrupción, impunidad, inseguridad y miseria, no solo de quien levante la bandera de LIBRE.

Y la consulta no puede ser únicamente un momento de conversación o de clase magistral, sino justamente de consultar para tomar decisiones con acuerdo a lo debatido y votado.

En ese sentido, la consulta popular para discutir sobre la viabilidad de la reelección debe de demostrar:

a) un resultado cuantificable a lo interno del partido -que ampliamente ganará el Coordinador General; por tanto: b) una deliberación que respete y constate la oposición a la figura de la reelección entre la población no identificada con el partido LIBRE; y, c) el diseño de una estrategia y programa de democratización y desarrollo económico que unifique a toda la población que se opone al gobierno nacionalista y no participa en las elecciones -en el 2017 no votó más del 50% del padrón electoral.

El éxito electoral del único líder nacional-popular antineoliberal y antiimperialista de Honduras pende -entre otras tantas tareas- de mantener vigente la imaginarización de un esquema de legalidad caracterizado por la expansión de derechos políticos, método de organización asamblearia para decidir, y dialogo entre la pluralidad de prácticas políticas e interpretaciones del camino del país.

Todo lo que un Golpe de Estado no puede ofrecer. Precisamente lo que la resistencia popular desde 2009 con hidalguía inició a hacer, pero de forma actualizada a los desafíos del presente.

W. Javier Fernandez

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